martes, 1 de diciembre de 2015

Intercambio Concursal On line

Se ha publicado el Real Decreto (RD) 1065/2015, de 27 de noviembre, sobre comunicaciones electrónicas en la Administración de Justicia en el ámbito territorial del Ministerio de Justicia y por el que se regula el sistema LexNET (si quieres acceder al texto clickea AQUÍ). Según el preámbulo del RD, la fundamentación de esta norma reglamentaria se encuentra en la nueva redacción del artículo 230 de la Ley Orgánica del Poder Judicial, que establece la obligación de los Juzgados y Tribunales y también de las Fiscalías de utilizar cualesquiera medios técnicos electrónicos, informáticos y telemáticos puestos a su disposición para el desarrollo de su actividad y ejercicio de sus funciones, siempre con las limitaciones legales que resulten de aplicación. También encuentra su base legal en los artículos 4 y 6 de la Ley 18/2011, de 5 de julio, que establecen respectivamente el derecho de elección del ciudadano del canal a través del cual relacionarse con la Administración de Justicia y, en su caso, a elegir las aplicaciones y sistemas para hacerlo electrónicamente, y el derecho y deber de los profesionales de la justicia a relacionarse con ésta mediante canales electrónicos. 

Según su artículo 1, este RD tiene por objeto desarrollar la Ley 18/2011, de 5 de julio, reguladora del uso de las tecnologías de la información y la comunicación en la Administración de Justicia, en lo relativo a las comunicaciones y notificaciones electrónicas, así como a la presentación electrónica de escritos, documentos u otros medios o instrumentos y al traslado de copias, en el ámbito de la competencia del Ministerio de Justicia y sin perjuicio de las competencias asumidas por las Comunidades Autónomas. En cuanto a los profesionales de la Justicia, el artículo 2 encuadra a los Abogados, Procuradores, Graduados Sociales, Cuerpo de Abogados del Estado, Letrados de las Cortes Generales y de las Asambleas Legislativas y Letrados del Servicio Jurídico de la Administración de la Seguridad Social, de las demás Administraciones Públicas, de las Comunidades Autónomas o de los Entes Locales, así como los Colegios de Procuradores. También tendrán la consideración de profesionales de la justicia a estos efectos los administradores concursales (Fuente de la imagen: pixabay).

martes, 20 de octubre de 2015

Un deudor no queda impedido definitivamente

En la Sentencia número de recurso 3393/2013, de 13/10/2015, siendo ponente D. Joaquín Huelín Martín de Velasco, el Tribunal Supremo (TS) del estado español dictamina que la Agencia Tributaria no puede denegar a una empresa el aplazamiento del pago de las deudas por el hecho de encontrarse inmersa en un proceso Concursal, ya que entiende que esta situación de falta de liquidez es transitoria, no impidiéndole hacer frente a sus obligaciones económicas de forma definitiva e ineluctable, estimando el recurso de una entidad en concurso contra la decisión de la Delegación Central de Grandes Contribuyentes de Hacienda, de denegarle en 2010 el aplazamiento del pago de IVA. 

Asimismo, es interesante la apostilla del TS en relación a que un concurso voluntario con convenio aprobado revela una situación transitoria tendiente a ser superada, por lo que no cabe concluir por parte de la Agencia Tributaria que un deudor declarado en concurso queda impedido definitivamente para hacer frente a sus obligaciones tributarias. mSi quieres acceder a la Sentencia, clickea AQUÍ.