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sábado, 24 de mayo de 2014

Sentido común

Después de “La rebelión de las togas”, en “La Sexta Columna”, sobre el Poder Judicial en mi país, anoche visioné el reportaje “Administradores de la ruina", de "Equipo de Investigación”, con esas personas que dirigen empresas en crisis por mandato judicial, a cambio de, según el guión, millones de euros (eso no es verdad en la mayoría de las administraciones concursales). Apunta el programa que la crisis financiera ha dejado miles de empresas en el camino: desde 2009, más de treinta mil se han declarado en concurso de acreedores. El año pasado, nueve cada día. 

Coincido con la redacción de la cadena televisiva que la profesión de administración concursal está marcada por la polémica. Ya me lo comentó Julio hace un tiempo y no hay que ser muy listo para presentir desde el primer día los manejos en la oscuridad de ciertos individuos y del juez o la jueza que lo consiente. Ciertamente, algunos profesionales han llegado a cobrar hasta 16 millones de euros por un solo concurso. Su sueldo aumenta según el tamaño del negocio. Dice el programa que son los primeros en cobrar, incluso antes que los acreedores a los que defienden, pero cuando no hay dinero, no hay remuneración alguna. Su elección se ha convertido en asunto de debate. ¿Quién decide la persona que se pone al frente de una empresa con millones de euros? Hay quien habla de grupos de presión. En el ámbito sectorial de actuación, desde hace tiempo corre el rumor que los decanos, ex-decanos y resto de juntas directivas de las corporaciones y asociaciones de profesionales son los que copan los concursos importantes o lucrativos, creando empresas ad hoc y redes o círculos cerrados a modo de lobbies, por no deletrear pseudomafias. Ya hay jueces sancionados y tantas suspicacias que el Gobierno piensa intervenir. A ver si es verdad, porque suficiente materia e indicios hay para que la policía judicial investigue. Sugiero que veas en diferido el "light" trabajo de investigación de La Sexta. Añadir que "pagamos justos por pecadores".

En el caso del que te escribe, desde el año 2008, sugerido por la institución en la que me encontraba integrado, como disponía de perfil profesional, me incorporé a esa labor que supone actuar de brazo ejecutor del juez en un concurso de acreedores. He tenido la suerte de que más del cincuenta por ciento de los concursos que se me ha asignado contenían un plan de viabilidad y el veinte por ciento actualmente ha superado el concurso y otro procentaje similar se encuentra en vías, publicándose en los medios de comunicación locales críticas positivas a la gestión que realicé (ver, por ejemplo, "Sentido común", con la referencia de Nuria en Diario Sur), pero no estoy dentro de esos profesionales que dice el programa que se han forrado. Los aranceles que he devengado han sido bastante modestos: el primero no lo cobré por insuficiencia de masa activa (pagué antes parte de la masa pasiva laboral); el segundo lo reduje por bien del concurso, y así sucesivamente. No me gustan las liquidaciones. Me motivan los planes de viabilidad y dicen mis compañeros que me implico en demasía, intentando salvar el proyecto concursal que el juez me asigna. 

No me siento identificado con esa caterva que está un día sí y otro también merodeando al poder judicial en congresos, cursos y "jornadas espirituales" (al juez lo veo y leo más en los medios de comunicación que en su despacho). Tampoco estoy todas las jornadas laborales en el Juzgado. Como suelo decir, las administraciones concursales son los ojos y oídos en el concurso y están para resolver cuestiones sensibles, ya sea posibilitar un saneamiento empresarial o conseguir una liquidación lo más beneficiosa para la masa pasiva, no para ser pesados o pelotas. Hasta el momento, los costes del equipo de trabajo del que me gusta rodearme, los seguros y la responsabilidad no valorada suficientemente, que supone este tipo de acciones, me hacen reflexionar sobre este ingrato trabajo y plantearme si el año que viene debo seguir o no en ese sector de actividad. Pero otros compañeros y compañeras se encuentran en una situación peor que la mía. Alguna que otra administración concursal lleva bregando con un concurso de persona física durante más de dos años, creando estilo jurista en un tipo de concurso especial, pero sin haber cobrado ni un euro de arancel ni, por supuesto, haber sido nombrado en otro concurso para, como se dice en el "gremio", compensar pérdidas. 

Para finalizar, quiero trasladarte que aunque todavía no he terminado de cobrar la retribución de lo saneado, lo que financieramente me ahoga y soy el hazmerreír de la profesión por no haberme pagado el primero (no me arrepiento de ello, porque como dice Covey: Primero, lo primero), emocionalmente ha compensado las experiencias de salvación que bajo mi intervención han llegado a buen fin. Quizás por la fuerte implicación en los proyectos, de vez en cuando llamo a los directivos y representantes sindicales de las empresas salidas de concurso, para ver cómo les va, animándoles a seguir luchando en la selva sectorial y global en la que están ubicados, puesto que la superación de un concurso de acreedores no es garantía de que no se vuelva a entrar en él. Desde este sitio, un fuerte abrazo a todas esas personas y a los compañeros y compañeras de concursos de personas físicas que realizan una labor muy decente y en la mayoría de los casos no remunerada ni "compensada". Este texto también se publicó en "Blog de Manuel", bajo el título "Justos por pecadores".

martes, 24 de septiembre de 2013

Transparencia, Especialización, Discrecionalidad y Motivación

En relación al post “Si no te lo cuento, reviento”, ayer Anton me remitió link al reportaje que sobre administración concursal y concurso de acreedores, Javier Recio realizó y publicó el domingo en el diario Sur: “Un concurso que todos quieren ganar”. Se lo agradecí, informándole que ya lo había leído el mismo día, incluyendo el artículo del Magistrado Juez de lo Mercantil de Granada, D. Enrique Sanjuan, ¿Críticas o dudas?,  y la noticia del sábado de que “El Ayuntamiento crea un comité de expertos sobre impuestos sin contar con los consumidores en el mismo medio” (¡Uf! Tendré que escribirte de este tema en otro momento).

En cuanto a la cuestión inicial y troncal de este post, he recibido correos y llamadas, de varios compañeros y compañeras, proponiendo la creación en Málaga (España), de una plataforma que posibilite transparencia en todo el proceso de creación y gestión de las dichosas listas y posterior asignación. Agradezco la confianza de estas personas, entiendo sus propuestas pero no comparto la programación de acciones diseñada por sus estrategas.

Tal y como les trasladé por correo electrónico a todos y todas, no es el momento de rasgarse las vestiduras por el funcionamiento corporativo o enfrentarse cual Quijote a Molinos de Viento (les recordé que ya en 1999 formé parte de una candidatura a un colegio profesional, que perdió por presuntos amaños de votos y falsificaciones de la otra - consultar hemerotecas - y al final la junta electoral tomó una decisión: ¡Menuda Quijotada!). El duro camino que nos queda no es otro que convencer perennemente a los distintos agentes que los profesionales independientes también saben hacer las cosas bien y si hace falta cambiar las estructuras corporativistas, presumiblemente elitistas, desde las bases, pues habrá que intentarlo, pero amedrentar al presunto mesbón o a la conjetural pánfila de turno, porque sí, sin más, no me parece inteligente ni ético.

La propuesta defendida por D. Enrique Sanjuan, de criterios de asignación relacionados con la especialización, la catalogo interesante. En mi caso, cuando preparo la documentación, aunque las corporaciones en las que me encuentro integrado no me lo piden, me preocupo de realizar una síntesis de aquellos sectores en los que, por mi preparación universitaria y mi experiencia práctica, me considero experto o especializado. Desconozco qué información finalmente le llega al titular del Juzgado (en algún caso la corporación de turno me ha dicho que lo que había entregado no sirvió de nada, puesto que ellos incorporaban los datos a la intranet y no existía espacio para esa clasificación pretendida), pero creo que se debería trabajar en esa línea.

Coincido con Sanjuan en parte de su argumento, pero también habría que escuchar las lamentaciones de aquéllos que perciben otra cosa en la calle sectorial.  Por ejemplo, lo mismo que nadie se cree que de un día para otro Bárcenas se encuentre con un mínimo de 54 millones de euros en Suiza, explicando ante el Juez que se debe a su buen hacer en los negocios, cuesta entender que de un día para otro, representantes y exrepresentantes de corporaciones, asociaciones y otros entes, pasen de cero a seis concursos cada uno, con “suculentos” aranceles (sin contar los asignados a sus socios y colaboradores), mientras otros administradores concursales malviven con un procedimiento de persona física durante años, costándoles dinero en la mayoría de los casos.

Estimo que esa especialización a la que hace mención Su Señoría, debería complementarse con otras acciones en la línea del argumentario de la, por ahora, nonata plataforma comentada en el segundo párrafo de este post, como es codificaciónnormalizacióntransparencia y profesionalización en la confección de las listas por las distintas corporaciones. En cuanto a la discrecionalidad en la elección, la aplaudo y la defiendo, pero si, por ejemplo, el auto de designación incluyera la argumentación o razonamiento acerca del perfil seleccionado, es decir la motivación judicial, reforzaría ante la opinión pública y las partes la imagen de seriedad y garantía que el proceso concursal contiene per se. En fin. Don Enrique: Transparencia, Especialización, Discrecionalidad y Motivación; por ese orden (Fuente de la imagen: sxc.hu). Post publicado tambien en el sitio "Blog de Manuel Velasco Carretero", con el título "Por ese orden".